La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el desarrollo de la Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa de la patria, en respuesta a la Ley Ar825 aprobada el lunes por la Cámara de Representantes de Estados Unidos con el objetivo de arreciar las sanciones y el bloqueo contra Venezuela.

“Ellos creen que con este tipo de medidas nos van a doblar. Cada vez que vengan con una acción de agresividad. Venezuela responderá de la misma manera, a través de sus leyes, de forma recíproca”, expresó Rodríguez.

Para ello impulsar el desarrollo de esta nueva norma, se realizará un comisión especial que se encargará de la redacción del proyecto, que será presentado el próximo jueves en primera discusión. Se espera que en siete días se apruebe en plenaria la segunda discusión de este proyecto, “en defensa de la dignidad, historia e idiosincrasia, para que nos cobremos el intento de insulto tras la aprobación de ese adefesio que también persigue la intensión de ofender y herir nuestro gentilicio, colocándoles el acrónimo de Bolívar”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien elevó ante la plenaria la propuesta de desarrollo de esta nueva ley.

“Con una intención grosera de burlarse, le colocan a este papel un nombre que no hace otra cosa que mostrar la basura que son, es un acta para insistir y persistir en algunas de las acciones que ha conseguido para atacar al pueblo venezolano, las sanciones son crímenes de lesa humanidad”, sentenció el diputado.
Inhabilitación política

Rodríguez propuso además que este proyecto debe incluir la inhabilitación política “a perpetuidad” para aquellos que hayan cometido actos contra la República como pedir más sanciones. “Ya está bueno, que se vayan y se queden en Washington, o en España, en el barrio de Salamanca”, dijo aludiendo a los prófugos López, Borges, González Urrutia y Guaidó.

Explicó que la Constitución establece penas máximas de 30 años, pero en el caso de traición contra la patria o hayan cometido delitos deben establecerse mecanismos para que sean determinados como delitos de inhabilitación perpetua.

También hizo referencia a las leyes colombianas, brasileras y peruanas, que sí incluyen la inhabilitación perpetua para delitos políticos. “Estos países no tienen cadena perpetua”, acotó.

“Si una persona atenta contra hospitales, niega los medicamentos a la población, estos sujetos responsables deben ser inhabilitados de manera perpetua”.

Asimismo, Rodríguez acotó que esta nueva ley debe incluir que se aplique de manera draconiana la Ley de extinción de dominio, para que se aplique a estos criminales y a sus asociados. “Los recursos obtenidos por su aplicación, deben ser destinados únicamente a contribuir con el Ejecutivo para coadyuvar en la lucha contra el bloqueo y la guerra económica”, explicó el presidente de la Asamblea Nacional.

A su juicio, la norma debe incluir un articulado, donde no solo se establezca la inhabilitación política o administrativa, sino que incluya la cárcel para pagar por esos delitos. “Es nuestra obligación con las niñas y niños, ancianos que no pudieron ser operados en el exterior porque se robaron los recursos”, dijo Rodríguez.

“En EEUU la pena sería cadena perpetua o pena de muerte, aquí debe existir un articulado donde se establezcan nuevas formas para condenar a estos sujetos por traición a la Patria. No se mucho de derecho, pero creo que en Venezuela, deben existir mecanismos para condenarlos, aún cuando estén fuera del país, para que sepan que, más temprano que tarde, la cárcel será su destino. Aquí hay que juzgarlos y condenarlos por Traición a la Patria, ya está bueno, que sigan creyendo que van a poder con nostros, que siga Erik Prince publicando post donde nos amenazan de muerte. Aquí te esperamos, vente, tenemos una celda en Tocorón, con zancudos grandotes esperándote”, dijo.

A través de un comunicado, publicado este martes por la cancillería, el Gobierno Bolivariano rechazó la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América de un proyecto de ley que busca fortalecer las sanciones contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “Dicho instrumento busca impedir el relacionamiento y la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos”, refiere el texto.